Ante un ciberataque como a Mastercard, los bancos españoles siguen un protocolo basado en regulaciones (NIS2, RGPD, PSD2), guías del Banco de España e INCIBE. Incluye detección, contención, análisis, recuperación, notificación a autoridades y clientes, y cooperación con otras entidades. La rapidez, transparencia y prevención son claves.
Este artículo analiza los delitos informáticos relacionados con ciberataques a Mastercard, detallando las sanciones establecidas en el Código Penal Español. Se explican delitos como acceso ilegal a sistemas (art. 197 bis), daños informáticos (art. 264), fraude informático (art. 248.2) y blanqueo de capitales (art. 301), entre otros. Además, se mencionan regulaciones internacionales como el RGPD, la Directiva NIS 2 y la Ley PSD2, que refuerzan la seguridad en pagos electrónicos. Finalmente, se destaca la importancia de la ciberseguridad y la cooperación entre empresas y autoridades para combatir el fraude digital.
Mastercard es una corporación multinacional de servicios financieros que procesa pagos a nivel global. Su domicilio fiscal está en Purchase, NY, y está regulada por agencias estadounidenses. Invierte en ciberseguridad y coopera con autoridades para perseguir delitos informáticos contra su red y usuarios.
La falsificación de una orden judicial es un delito gravísimo contra la Administración de Justicia, castigado con prisión y multa (arts. 390, 392, 396 CP). Involucra simular o alterar la orden, atentando contra el Estado de Derecho. La LOPJ y LECrim son claves en su regulación.
La falsificación de un poder notarial es un delito grave de falsedad documental, castigado en el Código Penal (arts. 390, 392, 396) al ser un documento público. Implica simular o alterar el poder con intención de engañar, acarreando penas de prisión y multa. La Ley del Notariado es crucial en la regulación.
La falsificación de documentos en el Código Penal abarca diversas acciones como alterar, simular o incluir datos falsos en documentos públicos, oficiales, mercantiles o privados, con la intención de engañar o perjudicar. Las penas varían según el tipo de documento y la gravedad de la falsedad, así como la condición del autor (funcionario público o particular). El uso a sabiendas de un documento falso también es delito.
La falsificación de firmas, en el Código Penal español, se considera un tipo de falsedad documental. No hay un artículo específico para "falsificación de firmas", pero alterar o simular una firma en un documento, ya sea público, oficial, mercantil o privado, con intención de engañar o perjudicar, es un delito. La gravedad de la pena depende del tipo de documento y de la intención del falsificador. El uso de un documento con una firma falsificada, a sabiendas de que es falso, también es delito. Artículos principales: 390, 392, 395 y 396 del Código Penal.
Este artículo analiza el problema de las denuncias falsas de violación, sus consecuencias sociales y las penas establecidas en el **Código Penal Español** para quienes las cometen. Explica cómo estas acusaciones pueden dañar la vida de los falsamente acusados, afectar la credibilidad de las verdaderas víctimas y sobrecargar el sistema judicial. Además, detalla los delitos aplicables, como **denuncia falsa (art. 456), falso testimonio (art. 458), calumnia (arts. 205 y 206) y simulación de delito (art. 457)**, junto con sus respectivas sanciones. Finalmente, destaca la importancia de un sistema judicial riguroso que proteja tanto a las víctimas reales como a los inocentes.
Las acciones de los empleados en Mercadona, que van desde incidentes con clientes hasta supuestas conexiones con ciberdelitos contra empresas norteamericanas por complicidad, podrían desencadenar responsabilidad subsidiaria. Es crucial una revisión legal.
El Ayuntamiento de Las Gabias podría ser responsable subsidiario por delitos de su personal, ya sean contra vecinos o empresas de EE. UU., si el delito se comete en el ejercicio de sus funciones, hay una relación directa con los daños, el empleado es insolvente y (en algunos casos) falta diligencia del Ayuntamiento. La legislación, jurisdicción y posibles seguros son factores clave. Asesoramiento legal es fundamental.